El pasado jueves 29 de octubre pasará a la historia por la incorporación de un nuevo impuesto para todos los conductores españoles. El Congreso de los Diputados aprobó, con los votos a favor de PSOE y CIU, la Reforma de la Ley de Seguridad Vial, aunque la verdad es que no sé por qué la llaman así.
Lo más destacable de esta Reforma es que a partir de su entrada en vigor, la DGT, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos tendrán en su mano un nuevo impuesto con el que machacar un poco más a todos los conductores.
Dicen en la DGT, desde hace años y con un disco ya muy rayado, que esta Ley de Seguridad Vial no tiene un afán recaudatorio. No, pero lo más destacable de esta Reforma es que a partir de ahora los conductores que cometan una infracción tendrán 20 días para pagarla con un 50% de descuento a cambio de renunciar a recurrir dicha sanción. Pero si no se pagan, las multan serán ejecutadas a los 30 días de la imposición de la misma.
No tienen carácter recaudatorio, pero si hasta ahora el plazo de prescripción de una multa era de un año, a partir de ahora va a ser de cuatro. Y van a empezar a cobrarlas a los 30 días. Supongo que será legal, porque si no lo es, se publica un Real Decreto y punto. Pero lo que no sé es si realmente es justo.
Para que esta Reforma saliera adelante, el PSOE necesitaba el apoyo de CIU y por supuesto lo ha logrado, aunque no sé el precio que ha pagado por ello. Los conductores catalanes deben estar orgullosos de sus políticos, porque es precisamente en Cataluña donde la presión de las multas es mayor. El resto de grupos parlamentarios se han mostrado contrarios e incluso el PP ha anunciado que cuando llegue al Gobierno anulará dicha Reforma.
Las arcas del Estado están cada vez más vacías. El aumento del Deficit Público se situará cerca del 10% en los próximos meses. Las recaudaciones por IVA se reducen drásticamente con la caída del consumo, las de IRPF caen a plomo con un 19% de la población activa en paro y sólo un impuesto, el “revolucionario”que cobra la DGT mediante las multas, sube de manera espectacular. El alza previsto en los presupuestos de 2010 es de un 8% hasta alcanzar los 432 millones de euros. Pero las estimaciones realizadas por los expertos hablan de una subida de un 40%.
Lo mejor de este nuevo impuesto que Zapatero se ha sacado de la chistera (y no es un chiste) es que resulta progresivo. Si la recaudación va bien, adelante, pero si empieza a flojear se pone una señal de 60 km/h en una zona que siempre era de 100 km/h y dos o tres radares para evitar que se escape un solo coche. Y la recaudación (perdón la Seguridad Vial) mejora notablemente. Que va peor todavía y que nuestro Deficit Público sube por encima del 12%, pues entonces se impone un nuevo límite de velocidad en ciudad, de 30 km/h, como se rumorea insistentemente en las últimas semanas. Y radares en todos los puentes y ‘oficinas móviles del banco’ (perdón, coches de la DGT y de la Policía Municipal) al acecho en cada esquina.
La DGT, hasta ahora Dirección General de Tráfico, debería cambiar su denominación por la de Dirección General de Tributos y el hecho de que esté integrada en el Ministerio del Interior tampoco me parece muy razonable. ¿No estaría mejor a las órdenes de Elena Salgado en el Ministerio de Economía, esquilmando los bolsillos de los sufridos conductores?.
Antes, en la DGT, había profesionales de las carreteras, de la conducción, expertos en Seguridad Vial, pero con todos estos cambios se van a crear nuevos puestos de trabajo en ese organismo. Ahora hacen falta muchos más expertos en mercadotecnia, en compras (ya saben por adquirir radares al mejor precio y con las comisiones ‘necesarias’, o señales de tráfico para que los radares hagan más caja) e incluso en finanzas.
En los coches de la Guardia Civil de Tráfico, hasta ahora encargados de controlar la circulación, a partir de ahora tendrán que controlar las transacciones de las tarjetas de crédito de los conductores sancionados. Porque, además de un descuento por pronto-pago, una de las novedades que trae consigo la Reforma de la Ley de Seguridad Vial es que los vehículos de la DGT llevarán su correspondiente ‘bacaladera’ para realizar el cobro instantáneo de las multas.
Lo que les decía, a partir de ahora al frente de la ‘Dirección General de Tributos’ deberían poner a expertos en impuestos, en recaudación, en cobros, en pagos con tarjeta. Y en los coches de la DGT anuncios de pague con Visa o con American Express, o de algún banco que sea afín al Gobierno y a esta impresentable Ley de Seguridad Vial.
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