Pero la oposición opina que la forma en la que se incluye la actuación de los jueces en esta nueva versión de a ley puede hacer que esta sea de nuevo inconstitucional, por no hablar de la carga extra de trabajo que supondría para el sistema judicial.
Por una parte, creen que Hadopi 2 no garantiza un proceso justo, pues contempla un «procedimiento judicial simplificado» en el que el acusado no tiene porque estar presente ni incluye ningún tipo de audiencia pública ni de presentación de pruebas por parte de una hipotética defensa ni de investigación previa.
Por otra, los infractores serían condenados en base a una o varias direcciónes IP que aparte de poder ser trampeadas para más inri no son recopiladas por la policía ni por ningún otro cuerpo similar.
Así que mientras Sarkozy probablemente estará buscando un hueco en su agenda para firmar la nueva ley tan pronto como pueda, los socialistas franceses ya han anunciado que recurrirán la nueva ley ante el Consejo Constitucional francés, que es el equivalente a los tribunales constitucionales de otros países.
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